Los sindicatos advierten al Consell de que el horario lectivo lo regula el Estado
Una cadena humana recorrerá las tres capitales en protesta por los recortes del Consell
El horario lectivo de los alumnos y de los profesores está regulado por leyes estatales. La Generalitat no puede modificar mediante una orden de calendario escolar las condiciones laborales del profesorado del sistema educativo no universitario. Así lo han recordado esta mañana dirigentes de los cinco sindicatos de la enseñanza pública en una improvisada rueda de prensa en las puertas de la Consejería de Educación para anunciar la “cadena humana” que mañana se realizará en Valencia, Alicante y Castellón en protesta por el decreto de recortes del Consell aprobado en enero.En el mismo sentido, Rafael Collado, presidente autonómico de Csif, ha recordado a la Administración que todos estos planes “puestos en marcha desde 2008 son voluntarios” y repercuten en forma de créditos sobre los docentes. Y los créditos acumulados en forma de créditos por los docentes valencianos, por participar en planes formativos, son precisamente el complemento salarial que la Generalitat ha recortado al 50% con el decreto del 5 de enero.
“Dar clase de refuerzo en julio es como si un médico tratara una gripe en julio, cuando el paciente la padece todo el invierno”, ha rematado Laureano Bárcena, presidente autonómico de Anpe.
“No nos gusta nada la actitud de la Consejería de Educación y la Generalitat de hacer pagar a los funcionarios de los servicios públicos, con el decreto de recortes aprobado en enero, el despilfarro del PP de los últimos años”, reflexiona Guillermo Martí, secretario general de Fete-UGT. “Primero recortan los sexenios, luego quieren aumentar una hora el tiempo lectivo y ahora dicen que no trabajábamos en julio. Esa no es la fórmula de cómo resolver los problemas financieros de la Generalitat”, concluye Martí.
“La huelga general del 29-M servirá para testar si se plantea una huelga general de la enseñanza en la Comunidad Valenciana”, anunciaron los cinco sindicatos, que han iniciado una campaña de encuestas en los 2.500 centros educativos públicos para conocer la opinión de los profesores sobre una huelga educativa.
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