MANIFIESTO POR LA ESCUELA PÚBLICA
DEL CAMP DE MORVEDRE
Una educación pública de calidad constituye una conquista irrenunciable de nuestra democracia, sin la que difícilmente puede hablarse de justicia social y menos aún de igualdad de oportunidades.
Una educación de todos y para todos es un
pilar básico para el crecimiento personal de cada individuo así como para el
desarrollo de un país en su conjunto.
Por todo ello, ante el deterioro de las
escuelas públicas valencianas consecuencia directa de los recortes que, con la
excusa de la crisis, está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad
Valenciana- no podemos permanecer impasibles.
La
deriva de las decisiones políticas adoptadas que nos abocan a un aumento de las
desigualdades económicas y sociales, resulta especialmente preocupante por:
·
La progresiva eliminación o reducción
de programas exitosos de atención a la
diversidad como los PDC, los de Compensatoria, o la progresiva reducción de los
profesores en los Talleres de la Formación Profesional.
·
La concertación generalizada
del Bachillerato en los centros privados, sustrayendo a la enseñanza pública un
dinero que necesita.
·
La entrega vergonzante de suelo
público al negocio privado de la enseñanza.
·
La deficiente financiación de
la educación que hace que la Comunidad Valenciana sea una de las últimas de
España en inversión por alumno y una de las primeras en fracaso escolar. Por otra parte nos
encontramos en una situación de impago de las becas de comedor.
·
La masificación de las aulas,
muchas de las cuales exceden la ratio establecida por la LOE. Hay que sumar el
retraso generalizado en el pago a los centros de las partidas básicas para
gastos de funcionamiento.
·
Muchos centros de la comarca
presentan déficit de profesorado, causado por los injustificables retrasos de
la Consellería en cubrir las bajas de larga duración (las de menos de 15 días,
ni se las plantean).
Garantizar al
alumnado una educación digna supone
dotar al profesorado de los medios necesarios, asegurándoles unas condiciones
adecuadas de trabajo. La educación pública no es un lujo del que se pueda prescindir en
época de crisis. Al contrario, debería ser una inversión de futuro y una
garantía de cohesión social y de salud democrática. La enseñanza pública
constituye, en definitiva, una de las bases fundamentales del estado social,
democrático y de derecho. Cuando se la ataca se está lesionando gravemente el
derecho que todo ciudadano tiene a recibir una EDUCACIÓN DIGNA y DE CALIDAD. Y
toca defenderla.
¡NO AL DECRETO DE RECORTES!
¡Por una EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD DE TODOS y PARA
TODOS!
¡PARTICIPA!